ALFONSIN
En 1983, creímos entrar definitivamente en una etapa
democrática.
Habíamos votado y Raúl Alfonsín nos ilusionaba sosteniendo que “Con la democracia se come, se educa,
se cura” levantando las banderas
de la libertad, la democracia, la defensa de los derechos
humanos y la justicia
social. En su gestión se destacó la realización del Juicio a las Juntas, el Tratado de paz y amistad entre Argentina y
Chile y la formación del Mercosur.
Todo ello en un contexto internacional desfavorable que lo
obligó a enfrentar dos grandes grupos
de problemas: la consolidación de la
democracia y la difusión de la misma hacia todos los ámbitos de la sociedad
y la relación con las Fuerzas Armadas;
siendo su obra general de gobierno condicionada por la inflación y la crisis de
la deuda externa.
A estos escollos debió enfrentar su propuesta de construir un
Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos (FF.AA., Iglesia y
Sindicatos) deberían someterse y consolidar un sistema político que resolviera
los conflictos de una manera pacífica, ordenada, transparente y equitativa.
Su decisión de crear la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el informe “NUNCA MAS” producido y los
consiguientes Juicios a las Juntas (que constituyeron un hecho sin precedentes
en el mundo), dieron lugar a planteamientos por parte de sectores de las
Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a
los derechos humanos durante el régimen militar anterior, los que fueron
enfrentados fundamentalmente por masiva movilizaciones civiles, acompañadas por
la CGT mediante una huelga general.
No obstante a
raíz de estos alzamientos militares, y en el contexto nacional de consolidación
de la democracia, surgieron las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida, que
fueron objetos de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de
derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas políticas
progresistas, incluidos sectores internos del radicalismo como la Juventud
Radical y su brazo universitario Franja Morada.
Sobre las
mismas Alfonsín en su momento expresó: “Las
medidas que nosotros tomamos, que lo hicimos con un criterio de racionalidad,
no se compadecían con lo emocional del pueblo en ese momento. De modo que fue
algo que se vio como una enorme frustración, en general, por todos los
argentinos. Acompañado por todas las organizaciones de derechos humanos y sobre
todo por los partidos políticos opositores. De modo tal que cuando Menem,
posteriormente, realiza el indulto se creyó que era mucho menos grave que lo
que yo había hecho. Que por otra parte no era sino cumplir con lo que había
señalado durante la campaña: la responsabilidad principal es de los que mandan,
la segunda de los que se han excedido en el cumplimiento de las órdenes y la
tercera, los que en ese marco de terror que había, creyeron en la legitimidad
de la orden impartida. Entonces, sobre esos yo no quería que recayera la pena” (Raúl
Alfonsín en una entrevista radial realizada por Pepe Eliashev el 6 de agosto de
2004 – citado por Heriberto Muraro: “La publicidad política (y la política de
la publicidad) en la Argentina”, en Diálogo de la Comunicación 27, Buenos
Aires: FELAFACS, 2005.)
Menguada su
popularidad a partir de este momento y soportando crisis económicas con raíces
en el pasado (deuda externa), en el presente (inflación) y proyectadas
(descrédito político) intentó diversos planes económicos los que fracasaron por la oposición del peronismo en el Congreso,
por los partidos políticos populares de entonces (incluidos sectores de la UCR)
y por la resistencia del movimiento obrero que le realizó 13 huelgas generales,
casi 4.000 sectoriales (67% en el sector público) y lock out empresariales.
No obstante
estos inconvenientes, Alfonsín permitió la continuidad democrática y entrego la
banda presidencial (aunque anticipadamente) a Carlos Saúl Menem el 8 de julio
de 1989.
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