El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner prestó ante el Congreso
el juramento de ley para convertirse en presidente de la República hasta 2007 sucediendo
a Eduardo Duhalde. Kirchner asumió confirmando al ministro de economía de
Duhalde, Roberto Lavagna, y a otros miembros del gabinete de su antecesor.
La política económica continuó los lineamientos establecidos
bajo la presidencia de Duhalde, manteniendo la devaluación de la moneda
mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas,
impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas del
PBI cercanas al 10%. Las políticas implementadas fueron exitosas, además, en
sacar al país de la cesación de pagos más grande de su historia: se canjeó la
deuda soberana, de valor nulo tras la crisis del 2001, por nuevos bonos
indexados por la inflación y el índice de crecimiento económico.
Los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente,
entre sus medidas en materia económica, desde el gobierno se aplicaron
restricciones a las exportaciones de carne y controles de precios para evitar
el aumento inflacionario.
Argentina y el Fondo Monetario Internacional mantuvieron una
relación tirante, una de las principales medidas de su gestión fue cancelar por
anticipado la totalidad de la deuda con este organismo internacional por un
monto de 9.810 millones de dólares. Durante el año 2005, se realizó el canje de
la deuda, que iniciaba las renegociaciones por los bonos que habían quedado en
default desde 2001. El objetivo declarado fue terminar con la sujeción de las
políticas económicas nacionales a las indicaciones del FMI.
Los críticos a la política económica del gobierno argumentaron
que el alto crecimiento económico se debe más a una tendencia mundial que a
particularidades argentinas. Sosteniendo que la recuperación económica del
gobierno de Kirchner no pudo mantenerse sin la depresión de los salarios, y el
elevado precio internacional de los granos y cereales que exporta Argentina y
que el canje de la deuda externa no ha implicado una quita, sino que la nueva
deuda, al estar indexada, crece indefinidamente. Los defensores de los logros
de la política económica del gobierno, sostienen que Kirchner asumió en una
situación cercana a la guerra civil y que la mayoría de los demás países de la
región, han tenido un desempeño económico-social más acotado que el argentino,
y que ello se debe precisamente a la política económica adoptada.
En Noviembre de 2006 las reservas internacionales subieron más
de 30.000 millones de dólares, la desocupación bajo al 10% y la pobreza se mantuvo
en un 33,5%.
Durante su gobierno ha llevado adelante una política para
promover los Derechos Humanos. Su gobierno incorporo reconocidos integrantes de
organismo de Derechos Humanos, además, impulso el enjuiciamiento a los
responsables por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años 70,
realizados por la Triple A y por el gobierno del Proceso de Reorganización
Nacional, se logró en el Congreso Nacional las anulaciones de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final, medida que fue posteriormente ratificada por
el Poder Judicial.
Tras las últimas elecciones legislativas en octubre de 2005, Kirchner
obtiene la primera minoría a nivel nacional (gracias a los acuerdos alcanzados
con los intendentes y gobernadores que aportaron a sus listas) y esto se ha
reflejado en importantes cambios en el gabinete (fundamentalmente la
sustitución de Roberto Lavagna por Felisa Miceli en el ministerio de economía).
A nivel internacional, Kirchner formó parte de un grupo de
mandatarios de varios países, junto con Lula (Brasil), Tabaré Vázquez
(Uruguay), Evo Morales (Bolivia), Michelle Bachelet (Chile), Rafael Correa
(Ecuador) y Hugo Chávez (Venezuela) quienes, por primera vez en la historia de
América Latina, han planteado la posibilidad de establecer una coalición de
países de la región que desarrolle políticas independientes de las potencias
mundiales hegemónicas, aunque, cabe aclararlo con distinto grado de intensidad
cada uno de ellos.
La caracterización del gobierno de N. Kirchner requiere tomar
nota de los elementos de ruptura, que se refieren a la significación positiva
de ciertos gestos políticos y a los nuevos aires ideológicos que surcan el
continente, así como de los elementos de continuidad que dicho gobierno ofrece
en términos de modelo de dominación y de políticas redistributivas. En este
sentido, estuvo lejos de constituir una supuesta refundación política, ni
tampoco puede ser interpretado en términos de continuidad lineal respecto de
los años 90.
Contradictoriamente ha incluido en el elenco gubernamental
dirigentes y militantes sociales, fuertemente comprometidos en la lucha contra
el modelo neoliberal durante los 90, mientras que se perpetuaron en cargos
importantes tantos representantes de la dirigencia política vinculada a la Época
menemista, como podemos entender que algunos reivindicaron una nueva política
en oposición a la vieja política, habiendo participado de ella.
Los primeros gestos políticos de Kirchner mostraron una vez más
la productividad política del peronismo, generando una amplia expectativa
social y recolocando el sistema institucional en el primer plano. Entre estas
medidas se destacan el descabezamiento de la cúpula militar y el recambio de la
Corte Suprema de Justicia, asociada a la “mayoría
automática” de los ´90.
Asimismo, Kirchner asumió como política de Estado la condena de
la violación de los derechos humanos realizadas durante la última dictadura
militar (1976-1983), así como a impulsar una política de la memoria; dos
cuestiones estrechamente ligadas a la larga lucha desarrollada por las
organizaciones de derechos humanos en Argentina. Por último, los factores
arriba mencionados tendrían hoy un peso menor si no se añadiera la variable
referida el alto crecimiento de la economía argentina en esos años.
La política de masificación de la ayuda social kirchnerista,
retomó la iniciativa de “recuperar” el espacio perdido en manos de las nuevas
organizaciones de tipo territorial. Así, los nuevos planes conllevaron un
fortalecimiento de la matriz asistencial
del modelo neoliberal. En primer lugar, debido a su carácter no universalista,
su implementación generó rápidas sospechas de discrecionalidad y manejo
clientelar, su efecto compensatorio fue licuado por la inflación
post-devaluación, no tampoco promovió el debate en torno a otro tipo de
políticas públicas (por ejemplo, modelos de ingreso ciudadano).
Por último, a diferencia de los anteriores, los planes Jefas y
Jefes de Hogar condujeron a una individualización de la contraprestación
laboral, lo cual repercutió negativamente sobre el universo de los
beneficiarios, contribuyendo al debilitamiento de la “cultura del trabajo”.
El segundo eje de la política social kirchnerista se centró en
la multiplicación de subsidios en favor de la auto-organización de los pobres
(emprendimientos productivos/cooperativas de trabajo). Sin embargo, en la
actualidad, no son pocos los micro emprendimientos que se encuentran en graves
problemas, tanto de tipo exógeno (las condiciones de comercialización de sus
productos, la falta de apoyo técnico), como endógenos (la falta de capacidades
técnicas), con lo cual muestran escasas posibilidades de mantenerse sin ayuda
estatal.
Por otro lado, el reforzamiento de la política asistencial fue
acompañado por el aumento de los dispositivos clientelares, los cuales aparecen
potenciados en época de campaña electoral.
Esta apropiación del discurso crítico interpeló fuertemente al
conjunto del espacio militante que venía luchando contra las políticas
neoliberales. Una de las notas más saltantes de su gobierno es la
institucionalización de diferentes organizaciones sociales y la incorporación
al gobierno de numerosos dirigentes provenientes de asociaciones de derechos
humanos, organizaciones piqueteras, campesinas y fábricas recuperadas, la
mayoría vinculadas a la tradición nacional-popular.
El proceso de integración fue acompañado por la invisibilización
y estigmatización de un conjunto de organizaciones anti sistémicas o críticas
del gobierno. En efecto, tras un discurso que afirmaba una y otra vez que el
gobierno “no reprimiría”, la política gubernamental se orientó hacia la
estigmatización mediática, política y social de los piqueteros, al tiempo que
impulsó la judicialización de las organizaciones movilizadas. Esta campaña,
realizada entre 2003 y 2005, desembocó en un fuerte consenso anti piquetero.
La disminución de movilizaciones de desocupados, especialmente
en la ciudad de Buenos Aires y la fragmentación del espacio militante están
ligadas a este fenómeno.
Esta confrontación desigual se produjo, en un marco de
crecimiento de la economía argentina (entre el 8 y 9% anual), que tuvo como
contrapartida un aumento notorio de la precariedad, al tiempo que no fue
acompañada por una activa política de redistribución de la riqueza.
En el marco de crecimiento de la economía y a partir de 2004,
los conflictos sindicales volvieron a la orden del día. Así, en 2005, los
conflictos laborales se triplicaron respecto del año anterior (hubo 819
conflictos sindicales, mientras que en 2004 se registraron 249 casos). Aunque
la mayoría de éstos han sido en demanda de una recomposición salarial, no son
pocos los apuntan contra las consecuencias de la precariedad, buscando reducir
las disparidades salariales entre los trabajadores de un mismo sector,
fomentadas por el tercer ismo y la
política de flexibilidad salarial impuesta en los ´90.
Se dio importante impulso al movimiento de fábricas recuperadas y auto gestionadas por los trabajadores, que involucraron unas 12 mil
personas. Salvo en casos excepcionales, el Estado facilitó la formación de
cooperativas, así como la expropiación y cesión temporaria (2 años) en favor de
los trabajadores, aunque en la generalidad las fábricas recuperadas se hallan
en una etapa de franca institucionalización de aquellas que poseen aceitados
vínculos con el gobierno actual y sus principales dirigentes se definen como
oficialistas.
Aún si sus obstáculos mayores remiten tanto a la falta de una
ley de expropiación definitiva, como al escaso apoyo del Estado en el proceso
de capacitación y comercialización de los productos.
En suma, la política social y laboral presenta claras
limitaciones. Por un lado, respecto del mundo de los excluidos, es notoria la
ausencia de programas verdaderamente inclusivos, en el marco de la
multiplicación de políticas sociales focalizadas. Por otro lado, respecto de la
dinámica de la precariedad, se destaca la debilidad y las oscilaciones de las
políticas laborales, así como la ausencia de estrategias redistributivas, en el
marco de la consolidación de las grandes asimetrías económicas-sociales.
La política gubernamental kirchnerista se ha orientado a
subsidiar económicamente a las empresas privatizadas, a fin de impedir un
incremento importante de las tarifas que pueda repercutir negativamente sobre
una sociedad tan proclive a la impugnación a través de la acción directa.
Por otro lado, este mismo gobierno ha afrontado conflictos
puntuales con las empresas privatizadas, frente al incumplimiento de los
contratos por parte de las mismas. En algunos casos, esto desembocó en la
ruptura de contratos y su posterior paso a manos del Estado, como sucedió
respecto del servicio de aguas y cloacas, en manos del grupo Suez-; del
servicio postal -Correo Argentino-, del ferrocarril San Martín, y del espacio
radioeléctrico. En este sentido, tanto el congelamiento de tarifas como la
rescisión de ciertas concesiones, tanto en el nivel provincial como nacional-,
explican porque la Argentina, es uno de los países con más causas abiertas en
el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Respecto de la política del control y explotación de los
recursos naturales y la protección del medioambiente (minería, gas y petróleo),
imperaron los dobles discursos. Más allá de ciertos gestos simbólicos (como ha
sido, por ejemplo la creación de Enarsa –Energía Argentina Sociedad Anónima- y
su asociación con la empresa petrolera venezolana –PDVSA-) el gobierno se ha
cuidado muy bien en no desarrollar una prédica nacionalista, ni en reactivar la
antinomia “estatal/privado”, pese al
reclamo de distintas organizaciones sociales (que incluye una parte del arco
oficialista) sobre la necesidad de un cambio del marco regulatorio.
Más aún, en octubre de 2006, el gobierno convirtió en ley una
polémica norma que establece beneficios fiscales para las petroleras que
inviertan en nuevos yacimientos de gas y petróleo. En realidad, la nueva etapa
parece señalar que, gracias a la existencia de un marco regulatorio
extremadamente favorable, forjado en los 90 y continuado en la actualidad, los
agentes del capitalismo global encontraron la puerta nuevamente demasiado
abierta, para concretar la expansión por las llamadas áreas marginales, en las cuales
se encuentran importantes reservas energéticas y mineras.
En esta línea, uno de los hechos más notorios del período es la
expansión de las fronteras mineras, llevada a cabo por empresas trasnacionales.
Pese a su escasa visibilidad mediática, desde 2001, los efectos contaminantes
que dichos emprendimientos están generando (o amenazan con producir), han
estado en el origen de diferentes movilizaciones multisectoriales en defensa
del hábitat en el interior del país.
Un primer balance de la política de Kirchner acerca de estas
problemáticas, debe contemplar varios aspectos. Respecto de las empresas
privatizadas así como de la política de explotación de los recursos naturales,
está lejos de haber propuesto una estrategia de re estatizaciones, que se orienten
hacia un cambio del marco regulatorio. Lo que sucede es más simple, y tiene que
ver con que el gobierno ha asumido una cierta firmeza y, por sobre todo, un
tono virulento que linda con la sobreactuación política, inimaginable en la
década pasada. Asimismo, parte de estas cuestiones constituyen todavía una
asignatura pendiente (por ejemplo, el de las tarifas de los servicios
privatizados).
Las reformas neoliberales se tradujeron por una mayor
concentración de poder en el líder o jefe presidencial. En Argentina, este giro
decisionista fue facilitado por la convergencia entre una tradición híper
presidencialista y una visión populista del liderazgo.
De esta manera, el decisionismo se constituyó en la clave de
bóveda del nuevo modelo de dominación, visible en la tendencia a gobernar a
través de decretos de necesidad y urgencia, así como a disciplinar y/o cooptar
las voces disidentes, mediante un estilo de liderazgo peronista caracterizado
por la subordinación de los actores
sociales y políticos al líder.
En esta línea, la política de Kirchner postuló una fuerte
continuidad respecto de sus predecesores, al tiempo que instaló ciertas
rupturas. En efecto, en primer lugar, tendió a fortalecer aún más el lugar de
la soberanía presidencial. Sin embargo, a diferencia de Menem (o de De la Rúa),
el espacio de la soberanía presidencial, fue utilizado con el propósito de
redefinir y otorgar mayor variabilidad a la relación entre economía y política,
en un contexto de semi-default de la economía argentina.
Así se vio favorecido por una situación de crisis
económico-financiera, lo cual le otorgó mayores márgenes de acción, que
hábilmente supo capitalizar. Por ello mismo, sus primeros gestos también fueron
leídos como una suerte de “recuperación
de la política”, en comparación con la subordinación dramática de la
política a los mandatos de los organismos multilaterales, así como al
alineamiento automático con las orientaciones de Estados Unidos durante los
´90.
Este giro fue acompañado por otras medidas, que tuvieron un gran
impacto en la opinión pública, entre ellas, el descabezamiento de la Corte
Suprema de Justicia y el nombramiento de magistrados reconocidos por su
idoneidad profesional e integridad política.
El gobierno de Kirchner presentó tres fronteras mayores. En primer
lugar, está la frontera de la exclusión,
claramente delimitada, frente a la ausencia de programas verdaderamente
inclusivos respecto del amplio mundo de los excluidos, en un contexto de
naturalización de las desigualdades sociales.
En segundo lugar, está la frontera de la precariedad, que da cuenta de la debilidad y las oscilaciones de
las políticas laborales y las estrategias redistributivas en su combate contra
la dinámica flexibilizadora y las grandes asimetrías económicas-sociales.
En tercer lugar, están las fronteras de la política institucional marcadas, hacia adentro, por la
consolidación del modelo decisionista
y la democracia delegativa; hacia afuera, con relación a la política
no-institucional, por la absorción y pérdida de autonomía de las organizaciones
sociales oficialistas o, en su defecto, por la exterioridad estigmatizante de
las organizaciones opositoras.
Así, sin continuidades lineales, y pese que el escenario
político presentó importantes modificaciones respecto del pasado reciente,
ambigüedades, tensiones y dobles discursos constituyeron entonces el hilo
articulador de la política del gobierno de Kirchner, en un escenario en el cual
se entrecruzaron y yuxtapusieron la
consolidación de lo viejo con las aspiraciones de lo nuevo.
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