La inseguridad

El  término seguridad proviene de la palabra securitas del latín.

Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la confianza en algo o alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que haga referencia.

Según la pirámide de Maslow, la seguridad en el hombre ocupa el segundo nivel dentro de las necesidades de déficit.

Según la teoría de las necesidades de Bronisław Malinowski, la seguridad es una de las siete necesidades básicas a satisfacer por el hombre.

En nuestra realidad actual la palabra seguridad, lleva adosado el prefijo in, que le confiere un desvalor que señala su ausencia padeciéndose como INSEGURIDAD.

En términos cotidianos se traduce en esa percepción generalizada de que todos y cualquiera (y las más de las veces sin motivo) podemos ser víctima de un DELITO.

Entre abogados penalistas es común escuchar la frase: “hoy el delito no tiene códigos” ¿Qué quiere decir esto?

Delitos hubo siempre, desde el albor de la humanidad se transgredieron reglas, pero la presión social y las normas coercitivas, circunscribían estos a determinados ámbitos y a determinadas características personales.

Pero aún estas conductas transgresoras se “auto imponían” ciertos límites: el lugar inmediato que se habitaba (el barrio, la comarca) eran sagrados, allí no se delinquía, la niñez resultaba intocables y se los preservaba, las agresiones sexuales recibían un doble castigo, primero el legal y luego el propinado por aquellos que, privados de la libertad también condenaban al transgresor a padecer idéntico oprobio, el homicidio era la “última ratio” del delincuente común,  lo delictual era considerado un “trabajo” que requería especialización, cada uno tenía su rama y no todos hacían todo.

Hoy ninguna de estas características tienen vigencia en nuestra sociedad, hasta esos valiosos “disvalores” se han perdido.

Porque se cometen delitos? Cuáles son las causas?

El delito puede ser analizado desde diferentes ángulos, lo que dificultaría encontrar sus causas mediatas o inmediatas, las cuales pueden provocar una acción voluntaria para su comisión, o bien la comisión del mismo puede ser totalmente, involuntaria.

Existen delitos dolosos, culposos y preterintencionales; de hecho y por omisión; leves y graves; simples, continuados y de tracto sucesivo, entre otras tantas clasificaciones.

Cada uno tiene su propia causa, la cual puede incluir factores sociales, económicos, culturales, religiosos, raciales, psicológicos, médicos, toxicológicos y hasta políticos, entre otros.

De hecho, las causas que llevan al sujeto a cometer un delito se encuentran en el complejo laberinto del cerebro humano, misterioso e inexpugnable.

Los extremos van desde los caracteres fisonómicos argumentados por Lombroso hasta la “anomia” social de P.Sorokin.

Lo cierto es que en cada momento histórico y en cada ámbito social, predominan razones que inciden en el aumento delictual y que estas no son estáticas sino que por el contrario son dinámicas en el tiempo y el espacio.

Así por ejemplo, en la década del 70 los delitos con origen en causas políticas tuvieron una relevancia que se perdió a partir de los 80; la marginalidad social, debida, en buena medida, a la falta de trabajo o a su precariedad de los años 90 y cuyas repercusiones aún persisten  y su consecuencia el empobrecimiento y la pérdida de expectativas de progreso contribuyen a la disolución del cuerpo de valores que forman el tejido social.

A esto se suman cuestiones de orden institucional, como el deterioro de la educación y la capacidad de la escuela para interesar y encauzar las energías de los jóvenes.

También son relevantes el mal desempeño y hasta las conductas delictivas de algunos policías y el deficitario funcionamiento del sistema judicial, que pone en duda la efectividad y ecuanimidad de la Justicia.

Pero si bien es cierto que interesa conocer las “causas – origen” de los delitos, un propuesta de política de Estado no se puede limitar a determinarlas, sino que, paralela y al mismo tiempo se deben implementar políticas que limiten la acción delictual.

La argumentación garantista de que el castigo no resulta ni suficiente ni eficaz para combatir el delito y que por ende se deben implementar soluciones alternativas (composición, arbitraje, conciliación) hasta ahora no ha dado los resultados esperados y no es aplicable a toda la gama de delitos. Ni a todo tipo de delincuentes.

Por el contrario la “mano dura” por si sola, tampoco ha dado los resultados esperados, si en la ecuación castigo/ganancia, el resultado favorece a esta última, siempre existe quien acepte el riesgo del castigo con tal de tener la posibilidad de obtener pingues ganancias.

En nuestro concepto, el primer paso en el combate del delito debe ser la PREVENSIÓN, pero esto requiere de organismos preventores capacitados y honestos, que sean respetados por el conjunto de la sociedad y temidos por los sujetos antisociales.

Si aceptamos, aún desde la hipótesis, que los actuales organismos preventores (policías) no solo adolecen de falta de recursos y capacitación sino que también son fácilmente accesibles a las prebendas delictuales una primera actividad podría ser establecer supra organismos preventores con capacidad para actuar por sobre los existentes y responsabilizarlos, altamente capacitados, pero y fundamentalmente dotados de recursos remunerativos suficientes como para exigir altos estándares de honestidad y dedicación, ya que la “voluntad de servicio” no alcanza.

Otra medida contemporánea, puede ser la de establecer organismos preventores de distintos niveles (local, provincial, nacional, federal) con aptitud para actuar sobre todos los órdenes delictuales, esto con la finalidad de dificultar los niveles de corrupción, ya que el “corromper” a todos los niveles puede resultar tan oneroso que acciones como elemento disuasor del delito.

A modo de ejemplo, en los delitos de trata de blanca, drogas, juego, prostitución, etc.  Puede resultar redituable corromper un nivel de control, pero el tener que hacerlo sobre varios puede ya no resultar serlo.

Todos conocemos las leyendas urbanas que dicen que las “comisarías tienen precio” y que se compran las altas jerarquías de las mismas, si esto fuera cierto con establecer una alta rotación del personal tal anormalidad se evitaría, ya que no habría tiempo material para “recuperar” la inversión realizada.

En base a datos estadísticos serios y confiables se pueden aumentar al infinito las medidas precautorias con gran economía de recursos.

Pero toda prevención, por mejor que sea puede disminuir el delito, pero no evitarlo en su totalidad y aquí aparecen las medidas a tomar con el transgresor de la ley.

Para esto se requiere de un sistema judicial rápido, eficaz y contundente, de poco o nada sirve juzgar y condenar a un individuo tres o cuatro años después de cometido un delito.

Ocurrido el hecho y habiéndose establecido sospecha suficiente sobre el autor/autores, deben existir autoridades judiciales que en plazos perentorios, no más de 60 días, determinen si este debe permanecer en libertad con caución real (la juratoria solo debe quedar para casos culposos y excepcionales) o aguardar su juicio privado de libertad.

Dentro de los 90 días de ocurrida esta circunstancia se debe proceder al inicio del juicio conforme lo establece la Constitución Nacional, dejando la facultad condenatoria o absolutoria en manos del jurado y reservando al juzgador solamente el control de legalidad y  la imposición de pena.

Las penas deben ser de efectivo cumplimiento y por su totalidad, lo cual exige una revisión de los institutos de salidas transitorias, libertad condicional etc. Los que deben ser sumamente acotados.

Estas medidas, que pueden causar rechazo en las corrientes garantistas, deben ser sostenidas en base a que no es la potestad del Estado la que priva de la libertad, sino que es la conducta del individuo y su falta de respeto por las normativas la que lo lleva a perder la libertad.

Eximición de prisión, excarcelación, juicio abreviado, junto a las ya nombradas, deben ser institutos restringidos  y de imposible aplicación a aquellos individuos que resultan reiteradamente imputados de delitos.

El alto precepto de que “las cárceles deben ser sanas y limpias  para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”  se ha visto incumplido por diversos factores, todos los cuales tienden a tornar imposible la resocialización de los condenados.

Una modificación del sistema carcelario resulta imprescindible, urgente e importante para evitar que continúe siendo una “escuela delictual” y un elemento disociador, la incorporación del trabajo efectivo, de actividades educativas, junto a tratamientos psicológicos-psiquiátricos, debe ser prioridad.

La pérdida de la libertad, producto de la conducta del antisocial, resulta suficientemente sancionatoria, como también el resarcimiento económico de las víctimas, pero una vez cumplida la condena, el individuo debe volver a la sociedad con “temor” de volver a delinquir y valorando el respeto a la ley y suficientemente capacitado para poder hacerlo.

Esto es función y deber del Estado y no debe ser soportado por la sociedad en su totalidad, debe también ser parte del cumplimiento de pena el sostener los recursos necesarios para lograr los altos objetivos que señala la Constitución.

En resumen, altos niveles de prevención, controles cruzados de los órganos de prevención, supra controles altamente capacitados y profesionalizados, justicia rápida y eficaz, determinación de la culpabilidad por jurados, cumplimiento efectivo de las penas y un sistema carcelario conducente a revertir conductas antisociales deben establecerse como políticas de Estado tendientes a combatir el delito.

Con total seguridad existen quienes pueden, más y mejor desarrollar este tema, pero resulta ineludible que las fuerzas políticas en su conjuntos se comprometan a establecer principios rectores que sean respetados y aplicados como políticas de Estado por todo los sectores actuantes, pues para las víctimas la inseguridad no es una sensación sino un cruel padecimiento, y muchas de ellas, cada vez más, no tienen oportunidad de volver a experimentarlo.

En términos cotidianos se traduce en esa percepción generalizada de que todos y cualquiera (y las más de las veces sin motivo) podemos ser víctima de un DELITO.

Entre abogados penalistas es común escuchar la frase: “hoy el delito no tiene códigos” ¿Qué quiere decir esto?

Delitos hubo siempre, desde el albor de la humanidad se transgredieron reglas, pero la presión social y las normas coercitivas, circunscribían estos a determinados ámbitos y a determinadas características personales.

Pero aún estas conductas transgresoras se “auto imponían” ciertos límites: el lugar inmediato que se habitaba (el barrio, la comarca) eran sagrados, allí no se delinquía, la niñez resultaba intocables y se los preservaba, las agresiones sexuales recibían un doble castigo, primero el legal y luego el propinado por aquellos que, privados de la libertad también condenaban al transgresor a padecer idéntico oprobio, el homicidio era la “última ratio” del delincuente común,  lo delictual era considerado un “trabajo” que requería especialización, cada uno tenía su rama y no todos hacían todo.

Hoy ninguna de estas características tienen vigencia en nuestra sociedad, hasta esos valiosos “disvalores” se han perdido.

Porque se cometen delitos? Cuáles son las causas?

El delito puede ser analizado desde diferentes ángulos, lo que dificultaría encontrar sus causas mediatas o inmediatas, las cuales pueden provocar una acción voluntaria para su comisión, o bien la comisión del mismo puede ser totalmente, involuntaria.

Existen delitos dolosos, culposos y preterintencionales; de hecho y por omisión; leves y graves; simples, continuados y de tracto sucesivo, entre otras tantas clasificaciones.

Cada uno tiene su propia causa, la cual puede incluir factores sociales, económicos, culturales, religiosos, raciales, psicológicos, médicos, toxicológicos y hasta políticos, entre otros.

De hecho, las causas que llevan al sujeto a cometer un delito se encuentran en el complejo laberinto del cerebro humano, misterioso e inexpugnable.

Los extremos van desde los caracteres fisonómicos argumentados por Lombroso hasta la “anomia” social de P.Sorokin.

Lo cierto es que en cada momento histórico y en cada ámbito social, predominan razones que inciden en el aumento delictual y que estas no son estáticas sino que por el contrario son dinámicas en el tiempo y el espacio.

Así por ejemplo, en la década del 70 los delitos con origen en causas políticas tuvieron una relevancia que se perdió a partir de los 80; la marginalidad social, debida, en buena medida, a la falta de trabajo o a su precariedad de los años 90 y cuyas repercusiones aún persisten  y su consecuencia el empobrecimiento y la pérdida de expectativas de progreso contribuyen a la disolución del cuerpo de valores que forman el tejido social.

A esto se suman cuestiones de orden institucional, como el deterioro de la educación y la capacidad de la escuela para interesar y encauzar las energías de los jóvenes.

También son relevantes el mal desempeño y hasta las conductas delictivas de algunos policías y el deficitario funcionamiento del sistema judicial, que pone en duda la efectividad y ecuanimidad de la Justicia.

Pero si bien es cierto que interesa conocer las “causas – origen” de los delitos, un propuesta de política de Estado no se puede limitar a determinarlas, sino que, paralela y al mismo tiempo se deben implementar políticas que limiten la acción delictual.

La argumentación garantista de que el castigo no resulta ni suficiente ni eficaz para combatir el delito y que por ende se deben implementar soluciones alternativas (composición, arbitraje, conciliación) hasta ahora no ha dado los resultados esperados y no es aplicable a toda la gama de delitos. Ni a todo tipo de delincuentes.

Por el contrario la “mano dura” por si sola, tampoco ha dado los resultados esperados, si en la ecuación castigo/ganancia, el resultado favorece a esta última, siempre existe quien acepte el riesgo del castigo con tal de tener la posibilidad de obtener pingues ganancias.

En nuestro concepto, el primer paso en el combate del delito debe ser la PREVENCIÓN, pero esto requiere de organismos preventores capacitados y honestos, que sean respetados por el conjunto de la sociedad y temidos por los sujetos antisociales.

Si aceptamos, aún desde la hipótesis, que los actuales organismos preventores (policías) no solo adolecen de falta de recursos y capacitación sino que también son fácilmente accesibles a las prebendas delictuales una primera actividad podría ser establecer supra organismos preventores con capacidad para actuar por sobre los existentes y responsabilizarlos, altamente capacitados, pero y fundamentalmente dotados de recursos remunerativos suficientes como para exigir altos estándares de honestidad y dedicación, ya que la “voluntad de servicio” no alcanza.

Otra medida contemporánea, puede ser la de establecer organismos preventores de distintos niveles (local, provincial, nacional, federal) con aptitud para actuar sobre todos los órdenes delictuales, esto con la finalidad de dificultar los niveles de corrupción, ya que el “corromper” a todos los niveles puede resultar tan oneroso que acciones como elemento disuasor del delito.

A modo de ejemplo, en los delitos de trata de blanca, drogas, juego, prostitución, etc.  Puede resultar redituable corromper un nivel de control, pero el tener que hacerlo sobre varios puede ya no resultar serlo.

Todos conocemos las leyendas urbanas que dicen que las “comisarías tienen precio” y que se compran las altas jerarquías de las mismas, si esto fuera cierto con establecer una alta rotación del personal tal anormalidad se evitaría, ya que no habría tiempo material para “recuperar” la inversión realizada.

En base a datos estadísticos serios y confiables se pueden aumentar al infinito las medidas precautorias con gran economía de recursos.

Pero toda prevención, por mejor que sea puede disminuir el delito, pero no evitarlo en su totalidad y aquí aparecen las medidas a tomar con el transgresor de la ley.

Para esto se requiere de un sistema judicial rápido, eficaz y contundente, de poco o nada sirve juzgar y condenar a un individuo tres o cuatro años después de cometido un delito.

Ocurrido el hecho y habiéndose establecido sospecha suficiente sobre el autor/autores, deben existir autoridades judiciales que en plazos perentorios, no más de 60 días, determinen si este debe permanecer en libertad con caución real (la juratoria solo debe quedar para casos culposos y excepcionales) o aguardar su juicio privado de libertad.

Dentro de los 90 días de ocurrida esta circunstancia se debe proceder al inicio del juicio conforme lo establece la Constitución Nacional, dejando la facultad condenatoria o absolutoria en manos del jurado y reservando al juzgador solamente el control de legalidad y  la imposición de pena.

Las penas deben ser de efectivo cumplimiento y por su totalidad, lo cual exige una revisión de los institutos de salidas transitorias, libertad condicional etc. Los que deben ser sumamente acotados.

Estas medidas, que pueden causar rechazo en las corrientes garantistas, deben ser sostenidas en base a que no es la potestad del Estado la que priva de la libertad, sino que es la conducta del individuo y su falta de respeto por las normativas la que lo lleva a perder la libertad.

Eximición de prisión, excarcelación, juicio abreviado, junto a las ya nombradas, deben ser institutos restringidos  y de imposible aplicación a aquellos individuos que resultan reiteradamente imputados de delitos.

El alto precepto de que “las cárceles deben ser sanas y limpias  para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”  se ha visto incumplido por diversos factores, todos los cuales tienden a tornar imposible la resocialización de los condenados.

Una modificación del sistema carcelario resulta imprescindible, urgente e importante para evitar que continúe siendo una “escuela delictual” y un elemento disociador, la incorporación del trabajo efectivo, de actividades educativas, junto a tratamientos psicológicos-psiquiátricos, debe ser prioridad.

La pérdida de la libertad, producto de la conducta del antisocial, resulta suficientemente sancionatoria, como también el resarcimiento económico de las víctimas, pero una vez cumplida la condena, el individuo debe volver a la sociedad con “temor” de volver a delinquir y valorando el respeto a la ley y suficientemente capacitado para poder hacerlo.

Esto es función y deber del Estado y no debe ser soportado por la sociedad en su totalidad, debe también ser parte del cumplimiento de pena el sostener los recursos necesarios para lograr los altos objetivos que señala la Constitución.

En resumen, altos niveles de prevención, controles cruzados de los órganos de prevención, supra controles altamente capacitados y profesionalizados, justicia rápida y eficaz, determinación de la culpabilidad por jurados, cumplimiento efectivo de las penas y un sistema carcelario conducente a revertir conductas antisociales deben establecerse como políticas de Estado tendientes a combatir el delito.

Con total seguridad existen quienes pueden, más y mejor desarrollar este tema, pero resulta ineludible que las fuerzas políticas en su conjuntos se comprometan a establecer principios rectores que sean respetados y aplicados como políticas de Estado por todo los sectores actuantes, pues para las víctimas la inseguridad no es una sensación sino un cruel padecimiento, y muchas de ellas, cada vez más, no tienen oportunidad de volver a experimentarlo.

Para combatir la corrupción

 

Parangonando al poeta Fray Luis de León, “decíamos ayer” que podemos reducir nuestras necesidades a no más de nueve, y que el listado de las perturbaciones que nos impiden satisfacerlas, según la percepción global que reflejan las encuestas serían una veintitantas.

Cada cual asigna a cada una de estas una prioridad distinta, sin que se pueda establecer una como sustento de todas las demás, esto depende del enfoque con que se tomen. Pero sin duda una de las que permite el “trasvasamiento” entre todas las otras es la CORRUPCIÓN.

Corrupción es la degradación de algo, su putrefacción, que en determinadas cuestiones puede ser un proceso natural de degradación de un organismo tras su muerte, aunque desde el punto de vista sociopolítico CORRUPCION, es un abuso del poder mediante para beneficio personal.

Si se ejerce desde la función pública será una corrupción pública, si se lo hace desde o privado será privada, pero en ambos casos resulta degradante y perjudica al conjunto social.

Resulta ocioso señalar que en el acto de corrupción existe un CORRUPTOR y alguien que acepta ser CORROMPIDO siendo ambos igualmente responsables, puesto que el perjuicio causado deriva de su acción.

No nos interesa aquí establecer distinciones entre distintas corrupciones sociales (política, empresarial, policial, tributaria, etc. etc.) ni meternos en discusiones sobre niveles de corrupción y otros vericuetos que no hacen más que distraer del objeto principal: como combatirla.

Ampliando el concepto de corrupción pública, nos gustaría decir que esta es toda aquella que afecte, directa o indirectamente el bien público, sea este local, provincial o nacional.

Si préstamos atención veremos que los perjuicios causados por la corrupción no son únicamente los inmediatos, sino que también abarcan a los mediatos y a los remotos. Vamos con un ejemplo.

Cien pesos que se pagan de sobre precio y van a parar al bolsillo de un funcionario, son cien pesos que se sustraen del erario público (efecto inmediato), el que para compensar esta sustracción requiere de otros cien pesos (efecto mediato) cadena que se continúa hasta que finalmente algo/alguien se queda sin poder utilizar esos cien pesos (efecto remoto)

Ejemplo práctico: Si pago sobre precio en una obra, ese sobreprecio lo quito a otra asignación (educación por ejemplo) al haber menos educación perjudico años después a una determinada masa de educandos.

En general (aunque este perjuicio se distribuye de muchas maneras) quienes se ven más afectados son los que tienen menos posibilidades de enfrentar la vida, por lo que automáticamente se convierte en un “acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Y qué importancia tiene esto?

Que esa es precisamente la definición de CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, establecido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con lo que de aceptarlo, debemos arribar a una primera conclusión: LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN DEBEN SER IMPRESCRIPTIBLES.

Propongamos al mundo político que suscriban y se comprometan a establecer con rango constitucional esta premisa y habremos avanzado un gran paso.

Pero sigamos avanzando con esto como combatir de la corrupción pública y a su partenaire, el corruptor.

Funcionario “sospechado” de corrupción y su contraparte que facilitó la corrupción, debe ser por ley, inmediata y preventivamente separado de su cargo sin goce de sueldo por sesenta días corridos (el funcionario) e impedido de actuar ante el estado quien participó del hecho sin ser funcionario público.

En el transcurso de ese tiempo, el órgano competente (Oficina anti corrupción, Fiscalía de investigaciones administrativas o el que sea) deberá poner a disposición de un Jurado (jurado no juez) los “indicios” que comprueben el hecho o las “pruebas” que acrediten que no se ha cometido.

Porque la diferencia? Porque la corrupción es un delito que se comete a espaldas de toda la sociedad y es difícil de probar, por eso para imputarlo bastarán solo “indicios”. Que el imputado pruebe que no lo ha cometido. (inversión de la carga de la prueba al igual que en el enriquecimiento ilícito)

Quien resulte “imputado” por delitos de corrupción,   NO PODRA SER EXCARCELADO bajo ninguna caución, dicho en criollo debe quedar detenido hasta su juzgamiento.

Pero además, preventivamente se le debe aplicar un embargo e inhibición por una suma que no será menor a TRES VECES del monto supuesto del hecho corrupto, con el objeto de resarcir al erario público del posible perjuicio causado. Esto se aplicará a todas las partes por igual, no en conjunto.

En caso de resultar condenado, las penas no podrán ser inferiores a DIEZ años, sin que quepa posibilidad algún de reducción de condena, con inhabilitación perpetua para ser funcionario público o proveedor del Estado en cualquiera de sus niveles.

Si se logra que legalmente se establezca categorizar a la corrupción como delito imprescriptible, no excarcelable, imputable solo por indicios, sujeto a resarcimiento por lo menos tres veces superior al posible beneficio obtenido y sancionado con privación efectiva de la libertad de por lo menos diez años mas inhabilitación perpetua…. QUIEN SE ANIMARÁ A SER CORRUPTO?

PROPUESTA: Convocar a todos los dirigentes políticos, gremiales, sociales y empresariales a suscribir y transformar en Ley, este último párrafo como GARANTIA DE GOBERNABILIDAD CON HONESTIDAD.

Por dónde empezar?

 

Conforme todas las encuestas a que hemos tenido acceso de los últimos cinco años, las preocupaciones que rondan a los habitantes de este país en general rondan en:

1.         Inseguridad

2.         Corrupción

3.         Falta trabajo

4.         Educación

5.         Inflación

6.         Salud

7.         Pobreza

8.         Economía

9.         Los políticos

10.      Justicia

11.      Problemas sociales en  general

12.      Drogas

13.      Bajos salarios

14.      Vivienda

15.      Contaminación ambiental

16.      Calles/rutas

17.      Distribución de la riqueza

18.      Jubilados

19.      Transporte

20.      La policía

21.      Obras públicas

Dejando aclarado que no es un ranking, porque muchas de ellas en ocasiones están en primer lugar para luego pasar al segundo o tercero, depende de las circunstancias, como así que algunas pueden ser subsumidas en otras o que se encuentran íntimamente interrelacionadas (justicia, policía, corrupción, inseguridad, drogas) y proponiendo la aceptación de estas veintiuna como las iniciales a atacar,  planteamos iniciar una discusión sobre cuál de ellas requiere prioridad o si existe la posibilidad de efectuar una “perdigonada”  que las afecte en alguna medida a todas a fin de ir disminuyendo su incidencia y dotando de sinergia a las acciones probables a realizar en su contra.

A nadie escapa que si se logra optimizar la Justicia, profesionalizar éticamente la Policía, evitar las influencias políticas en ambas, desmantelar la corrupción, mejorar la distribución de la riqueza se va a golpear severamente a la inseguridad y a la droga, entre otros.

Igualmente, educación, salud, desocupación, pobreza, nivel salarial, transporte y obras públicas tienen incidencia sobre los problemas sociales en general, sobre la economía, los jubilados.

A primera vista pareciera que es como si de pronto nos encontramos con un flash que estalla frente a nuestros ojos, y ante tanta luminosidad no podemos ajustar el foco del haz de rayos lumínicos y nos enceguecemos.

La primera reacción es entrecerrar los ojos para disminuir la intensidad del problema que nos ocupa y así analizar mejor la situación.

Como desde nuestro análisis no hemos arribado a una conclusión que nos resulte ampliamente satisfactoria sobre cual atacar primero, hemos optado por dos alternativas, una interna, que cada cual, solo o en grupo, opte por la que considere primordial, eleve propuestas para superarla y señale como piensa que se puede interrelacionarlas con la solución a las demás preocupaciones, proponiendo mecanismos de acción concreta en el corto, mediano y largo plazo.

Las primeras aproximaciones de estos trabajos las iremos volcando para su divulgación y confrontación en los próximos días.

La segunda alternativa es hacia el afuera, y resulta proponer el mismo dilema al conjunto de los que se interesan en estos temas para ver qué puntos de coincidencia podemos lograr, cuáles de discrepancias y si entre todos podemos sinergizarnos en nuestras pretendidas soluciones y en cómo hacerlas viables.

Dejamos abierto el debate, agradeciendo el esfuerzo de aquellos que realicen aportes.

Como hacer?

En un post anterior nos preguntábamos QUE HACER? e intentábamos esbozar una respuesta: encontrar puntos mínimos comunes que nos permitieran ir avanzando en propuestas concretas que se traduzcan en acción.

Para ello partíamos de la base que, todos aquellos a  quienes nos preocupa nuestra realidad, tenemos una visión más o menos semejante de la misma pero divergimos en las opciones que resultan prioritarias y en las alternativas para superarlas.

Para abordar una solución a estas dos cuestiones, (cuales resultan prioritarias y la elección de las alternativas), nos hemos propuesto un “método de trabajo” que tal vez no sea el óptimo, pero que hasta ahora nos ha permitido internamente, alcanzar consensos mínimos en cuanto a metodología se refiere.

Primero intentamos ver si somos objetivos al percibir la realidad. A poco de jurar todos que si lo éramos, nos dimos cuenta que lo “real” tenía para cada uno de los participantes un “significado distinto”, con lo que, de alguna manera arribamos a la conclusión de que “percibíamos” realidades distintas.

Un ejemplo nos sirvió de mucha ayuda:

Cinco personas (un famélico, un alumno, un fruticultor, una madre y un exportador) “ven” un mismo objeto: una manzana. La manzana es una y la misma para todos y no pueden caber dudas que todos ven la misma realidad.

Pero, como la perciben “subjetivamente” les hace arribar a conclusiones distintas sobre su “significado”

El famélico, ve en la manzana el mecanismo inmediato para satisfacer su hambre y propone su inmediato consumo.

El alumno, ve en ella la posibilidad de congraciarse con su educadora y propone llevársela.

La madre desea agradar a su familia con una tarta.

El fruticultor, la ve como semilla y estima que ese es el destino más apropiado.

El exportador, ve una posibilidad de negocio extrayéndole su jugo y vendiendo este.

Todos y cada uno tiene los mejores argumentos para defender y sostener su postura, y no solo eso, sino que en base a ellos explica como los demás se van a beneficiar si aceptan lo que él propone.

Obviamente, la discusión se prolonga en el tiempo y este va haciendo efecto sobre los participantes, los que, aferrándose cada uno a su posición de manera irreductible no solo se niegan a modificarla, sino que además comienzan a denostar primero las posiciones de los otros y luego, algo enardecidos, a los otros mismos.

Pero el tiempo, también afectó a la manzana, por lo que al cabo de un lapso todos se dan cuenta que la fruta se encuentra en un estado tal de descomposición que ya no resulta útil ni para comer, ni para llevar a la docente, ni para cocinar una tarta, ni para sembrar ni para extraerle jugo, pero, por encima de ello, subrepticiamente aparece una rata y se lleva lo que quedaba de la manzana.

Todos han perdido no solo la manzana sino también una oportunidad y como resultado se ha beneficiado un tercero ajeno al grupo.

Esto ha venido sucediendo, y aún sucede con nuestra realidad sociopolítica: se sostienen posiciones irreductibles, se atacan las posiciones de los otros y luego a los otros, en tanto la realidad va cambiando y los “terceros” (más o menos los mismos) aprovechan la situación para obtener beneficios o perdurar en sus prebendas.

Si en lugar de actuar como se dijo que actuaron nuestros cinco personajes, hubieran utilizado su sensibilidad y su imaginación, tal vez hubieran podido arribar a una solución distinta, en la que, no satisfarían sus apetencias de manera total, sino solo de manera parcial, pero podrían hacerlo todos y sería un primer paso para lograr más.

Si alguien hubiera propuesto, por ejemplo, quitar la cascara a la manzana por un lado, las semillas por otro y con la pulpa hacer compota, el famélico y el alumno, con esta, hubieran podido cumplir con sus deseos en forma parcial, la madre con las cascaras hacer un postre en lugar de una tarta, el fruticultor tendría sus semillas para sembrar y el exportador, paciencia mediante, jugo en cantidad suficiente para su negocio, la manzana no se hubiera descompuesto y la rata no tendría que robar.

Todos hubieran obtenido algo y a partir de ese “algo” y de continuar actuando con el mismo método, ir mejorando sus “realidades”

Esta “metodología de trabajo” nos permite no cerrarnos en nuestras posiciones, no  descalificar al otro porque piensa distinto o proviene de una ideología distinta, encontrar puntos mínimos en los que trabajar en conjunto aunque nuestros intereses sean disímiles, evitar que terceros aprovechadores usufructúen lo que estamos tratando de construir, “perder” menos tiempo y fundamentalmente, comprender al otro, lograr “empatía” con el mismo y ver que en “algo” podemos realizar un esfuerzo conjunto.

Otra cuestión a tener en cuenta, es que no debemos “personalizar” el coflicto, sino atacar y erradicar lo que él representa.

Podemos coincidir que en esta etapa hay corruptos, inoperantes, aprovechadores,  antidemocráticos y muchos otros epítetos más, y a cada uno de ellos seguramente podemos asignarles un nombre y apellido.

Pero no es el “nombre y apellido” lo que debemos quitar de en medio, sino las “condiciones” que permitieron que tales “nombres y apellidos” llegaran a ser corruptos, inoperantes, aprovechadores, etc. Etc.

Si no se les brindan las condiciones NUNCA MAS pueden surgir estos personajes.

Es decir, y puesto en términos bélicos, el enemigo no es fulano de tal porque es corrupto, intolerante, etc, el enemigo es la corrupción, la intolerancia, etc, y en esa “hipótesis de conflicto”, el corrupto, el intolerante, el antidemocrático pasa a ser un adversario al que hay que subyugar, es decir, quitar de su posición actual, minar o neutralizar sus apoyos, aumentar sus adversarios para debilitarlo, puesto que como “conjunto humano” que es, en algún momento futuro vamos a tener que convivir con él, solo que debemos impedirle que retome su posición de dominio o sea reemplazado por un semejante.

Así, la frase no sería “muerto el perro se acabó la rabia”, sino erradiquemos la rabia para que ningún perro vuelva a “tentarse” con ella.

Esto traducido en un ejemplo histórico reciente sería: nos quitamos de encima los “nombres y apellidos” del Proceso de Reorganización Nacional porque eran autoritarios, corruptos, desmanejaron la economía, cortaban las libertades y otros muchos etc. Y hoy vemos que, urnas mediante, padecemos los mismos males.

Es decir que, como cuerpo social, dejamos “vivitas y coleando” las condiciones para que un “nombre y apellido”, con las adecuaciones a los tiempos que corren, actúen de manera semejante a lo que nos quitamos de encima.

La rabia volvió a tentar al perro.

Concluyendo: usemos toda nuestra sensibilidad e imaginación como seres humanos para abordar y comprender “nuestra” realidad y la “ajena”, determinemos “junto al otro” cuáles son las cuestiones mínimas que nos han de hacer trabajar en conjunto las alternativas posibles de acción, propongámonos estas, siempre teniendo en cuenta que el objetivo a lograr no es tal o cual persona sino las condiciones que permiten que resurjan los mismos males bajo distintos nombres.

Y en este hacer veamos como sumamos voluntades, no desde un principio “purista” que marque con un estigma a quienes pueden de alguna manera u otra resultar “aliados” (en el lugar que les corresponda) en nuestra aventura de construir un futuro distinto y mejor.